Sentencia (ley)

En derecho, el término sentencia se refiere al castigo que fue ordenado (o podría ser ordenado) por un tribunal de primera instancia en un procedimiento penal.[1]​ Una sentencia constituye el último acto explícito de un proceso regido por un juez, así como el acto simbólico principal relacionado con su función. La sentencia generalmente puede incluir un decreto de encarcelamiento, una multa y/u otros castigos contra un acusado condenado por un delito. Las personas encarceladas por delitos múltiples suelen cumplir una pena concurrente (en la que el período de encarcelamiento equivale a la duración de la pena más larga cuando todas las sentencias se cumplen juntas al mismo tiempo), mientras que otras cumplen una pena consecutiva (en la que el período de encarcelamiento es igual a la suma de todas las sentencias cumplidas secuencialmente, o una después de la otra).[2]​ Las sentencias adicionales incluyen las de tipo intermedio, que permiten a un recluso estar en libertad durante unas 8 horas al día por motivos de trabajo; las de tipo determinado, que se fijan en un número de días, meses o años; y las de tipo indeterminado o bifurcado, que exigen que el período mínimo se cumpla en un entorno institucional como una prisión, seguido de un período de "tiempo en la calle" (es decir, un período de libertad supervisada o de libertad condicional) hasta que se haya cumplido la sentencia total.[3]

Si una sentencia se reduce a un castigo menos severo, entonces se dice que la sentencia ha sido "mitigada" o "conmutada". Rara vez (dependiendo de las circunstancias), los cargos de asesinato son "mitigados" y reducidos a cargos de homicidio. Sin embargo, en ciertos sistemas legales, un acusado puede ser castigado más allá de los términos de la sentencia (por ejemplo, estigma social, pérdida de beneficios gubernamentales, o colectivamente, las consecuencias colaterales de cargos criminales).

Las leyes generalmente especifican las penas más altas que se pueden imponer por ciertos delitos, y las pautas de sentencia a menudo obligan a imponer las penas mínimas y máximas de prisión a un delincuente, que luego se dejan a la discreción del tribunal de primera instancia.[1]​ Sin embargo, en algunas jurisdicciones, los fiscales tienen una gran influencia sobre las penas efectivamente impuestas, en virtud de su discreción para decidir de qué delitos acusar al delincuente y de qué hechos tratarán de probar o pedir al acusado que lo estipule en un acuerdo de declaración de culpabilidad. Se ha argumentado que los legisladores tienen un incentivo para promulgar sentencias más duras que las que les gustaría que se aplicaran al típico acusado, ya que reconocen que la culpa de un rango de sentencias inadecuado para manejar un crimen particularmente atroz recaería en los legisladores, pero la culpa por castigos excesivos recaería en los fiscales.[4]

La ley de sentencias a veces incluye "acantilados" que resultan en penas mucho más duras cuando se aplican ciertos hechos. Por ejemplo, una ley penal de carrera armada o una ley de delincuentes habituales pueden someter a un acusado a un aumento significativo de su condena si comete un tercer delito de cierto tipo. Esto dificulta la obtención de gradaciones finas en los castigos.

  1. a b See, e.g., United States v. Valencia-Mendoza, ___ F.3d ___, ___, No. 17-30158, p.20-21 & n.4 (9th Cir. Jan. 10, 2019) (stating that courts of appeals "have held that, when determining whether a [state] offense is 'punishable' by more than one year in prison, the Supreme Court's recent cases require an examination of the maximum sentence possible under the state's mandatory sentencing guidelines."); see also Matter of Cota, 23 I&N Dec. 849, 852 (BIA 2005).
  2. «Consecutive Sentence». Legal Information Institute (LII). Consultado el 1 de febrero de 2019. 
  3. «973.01 Bifurcated sentence of imprisonment and extended supervision.». Wisconsin Legislature. Consultado el 1 de febrero de 2019.  See also, e.g., State v. Cole, 2003 WI 59 (Wis. 2003); United States v. Pray, 373 F.3d 358, 361 (3d Cir. 2004) ("In ordinary usage, 'imprisonment' generally means physical confinement."); Commonwealth v. Conahan, 589 A.2d 1107, 1110 (Pa. 1991) (same).
  4. William J. Stuntz (Jun 2004), Plea Bargaining and Criminal Law's Disappearing Shadow 117 (8), Harvard Law Review, pp. 2548-2569 .

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